Grabar una reunión es legal en casi todas partes si las personas que participan lo saben. Los detalles dependen de dónde esté cada participante: la ley federal de EE. UU. y la mayoría de los estados permiten a un participante grabar una conversación de la que forma parte, alrededor de una docena de estados exigen el consentimiento de todos, la UE trata una reunión de trabajo grabada como datos personales sobre los que hay que informar antes, y Alemania castiga como delito grabar en secreto una conversación no pública.
Así que la respuesta corta, válida en cualquier lugar, es: anuncie la grabación al principio y obtenga un sí antes de que se diga nada importante. Ese único hábito cumple las reglas más estrictas que se describen a continuación, y cuesta diez segundos.
El resto del artículo explica por qué difieren las reglas, qué añade el fallo de agosto de 2026 contra Otter.ai y qué hacen —y qué no— las plataformas de reuniones por usted. Las leyes y los documentos judiciales citados se comprobaron el 29 de septiembre de 2026. Esto es información general, no asesoramiento legal: para una situación concreta, consulte a un abogado de la jurisdicción correspondiente.
El consentimiento de una parte significa que basta con que un participante acepte la grabación, y ese participante puede ser usted. La Wiretap Act federal de EE. UU. funciona así: 18 U.S.C. § 2511(2)(d) establece que no es ilegal que una persona grabe una comunicación «where such person is a party to the communication» (cuando esa persona es parte de la comunicación), salvo que la grabación se haga para cometer un delito o un ilícito civil. La mayoría de los estados siguen el mismo modelo.
El consentimiento de todas las partes (a menudo llamado «two-party consent») significa que todos los participantes tienen que aceptar. Las listas publicadas difieren en los márgenes, pero California, Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Montana, Nuevo Hampshire, Pensilvania y Washington aparecen en todas. Connecticut, Delaware y Nevada suelen añadirse con matices: Connecticut, por ejemplo, aplica la regla más estricta a las llamadas telefónicas y de vídeo, pero no a las conversaciones en persona. Oregón hace lo contrario: una parte para las llamadas, todas las partes para las conversaciones cara a cara. La ley de Míchigan parece exigir el consentimiento de todos, pero sus tribunales permiten grabar a un participante.
Lo que está en juego es real. El California Penal Code § 632 protege las «confidential communications» (comunicaciones confidenciales) —cualquier cosa dicha en circunstancias que sugieren que quien habla quiere que quede entre los participantes, lo que describe la mayoría de las reuniones internas— y el § 637.2 permite a cualquier persona grabada de forma ilícita reclamar 5000 $ por infracción.
Las videollamadas abarcan a menudo varios estados y países, y la lectura prudente es que manda el lugar más estricto. El ejemplo de referencia es Kearney v. Salomon Smith Barney (Tribunal Supremo de California, 2006): unos corredores en Georgia, un estado de consentimiento de una parte, grababan llamadas con clientes en California. El tribunal resolvió que la regla californiana del consentimiento de todas las partes se aplica a las llamadas hacia California, sea cual sea el estado donde se haga la grabación.
En la práctica nadie sabe dónde está sentado cada asistente de una llamada de 12 personas, y por eso «anunciar y obtener un sí» es mejor que intentar averiguar la jurisdicción de cada uno. La pregunta deja de ser qué ley se aplica y pasa a ser si todos aceptaron, y esa respuesta es la misma en todas partes.
En la UE la cuestión se plantea de otra forma. Grabar la voz de una persona es tratar datos personales, así que se aplica el GDPR, salvo que ocurra «in the course of a purely personal or household activity» (en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, Article 2(2)(c)), y una reunión de trabajo no entra en esa excepción.
El GDPR no siempre exige consentimiento en su sentido jurídico estricto. Una organización puede apoyarse en otra base jurídica, casi siempre el interés legítimo. Lo que sí exige en todos los casos es transparencia: hay que informar a las personas, antes de que empiece la grabación, de que se está grabando, para qué y durante cuánto tiempo se conserva la grabación. El Reino Unido aplica la misma lógica a las organizaciones con el UK GDPR.
El derecho penal nacional puede ser más estricto que el GDPR. En Alemania, el § 201 StGB (Código Penal) castiga con hasta tres años de prisión o multa a quien grabe sin autorización la palabra no pública de otra persona, o use o difunda esa grabación. Los comentarios a este precepto subrayan que la grabación no tiene que ser secreta para ser ilícita: basta con iniciarla en contra de la oposición manifiesta de alguien.
En otros lugares el panorama es variado. El Código Penal de Canadá (artículo 184) permite a un participante grabar su propia conversación. En Australia depende del estado: Victoria permite grabar a un participante pero restringe la difusión de la grabación, mientras que Nueva Gales del Sur exige en general el consentimiento de todas las personas que intervienen en la conversación.

Para las personas grabadas, no: las reglas de consentimiento se aplican a la conversación, no al software. Pero el fallo de agosto de 2026 en In re Otter.AI Privacy Litigation (N.D. Cal., n.º 5:25-cv-06911) muestra que el software puede añadir una segunda pregunta.
El 13 de agosto de 2026 la jueza Eumi K. Lee estimó en parte y desestimó en parte la moción de desestimación (motion to dismiss) presentada por Otter. Entre las pretensiones que siguen adelante están la Wiretap Act federal, la California Invasion of Privacy Act y las reclamaciones por privacidad biométrica de Illinois relativas a las huellas de voz; las basadas en la Computer Fraud and Abuse Act federal y en la ley de privacidad del estado de Washington se desestimaron, con posibilidad de reformularlas.
El razonamiento es la parte útil. Un software que funciona puramente como una extensión de su usuario puede considerarse parte del lado de ese usuario en la conversación. El tribunal consideró plausible que Otter sea, en cambio, un tercero que escucha la conversación, porque presuntamente conserva las grabaciones y las usa para entrenar sus propios modelos: actúa en su propio beneficio comercial en lugar de limitarse a transcribir para el anfitrión.
Hay dos matices importantes. Se trata de una resolución sobre una moción de desestimación: el tribunal dio por ciertas, de momento, las alegaciones de la demanda y no decidió nada sobre el fondo. Y no avala ninguna otra herramienta; solo muestra qué hechos le importaron al tribunal. Para quien elige un tomador de notas, las preguntas prácticas son qué conserva el proveedor, durante cuánto tiempo y si sus reuniones sirven para entrenar los modelos del proveedor.

Sus propias funciones de grabación se encargan del aviso, pero solo para sus propias grabaciones:
Nada de esto cubre un grabador que la plataforma no conoce: una aplicación de escritorio, un teléfono sobre la mesa o un bot de terceros al que se ha admitido en la llamada. En esos casos la plataforma no muestra nada, y el aviso le corresponde a usted.
Las reglas anteriores se reducen a unos pocos hábitos. No sustituyen al asesoramiento legal en un sector regulado —sanidad, finanzas, selección de personal—, pero cubren las reuniones de trabajo habituales en las jurisdicciones más estrictas:

El modo reunión de Speak-Y graba las llamadas en local en su Mac —Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, FaceTime o cualquier otra cosa que reproduzca audio— sin que ningún bot entre en la llamada. Eso quita el bot, no la obligación: nadie en la reunión ve un aviso de Speak-Y, así que el anuncio de la rutina anterior le corresponde a usted.
Lo que sí cambia es la parte del proveedor. El audio se borra tras el procesamiento, las transcripciones se guardan en su dispositivo y ninguno de sus datos se usa para entrenar modelos de IA, como indica la política de privacidad. Difundir una grabación es una acción explícita: usted decide compartirla en un canal de equipo cifrado de extremo a extremo, y si no, nada sale de su equipo hacia sus compañeros.

Si todavía duda entre un bot de notas y un grabador local, las diferencias prácticas —qué ven los compañeros y qué bloquean ya los administradores— están en Cómo grabar reuniones sin que un bot entre en la llamada, y por qué las notas de reunión necesitan cifrado de extremo a extremo explica qué pasa con una transcripción una vez compartida.
Depende de dónde estén los participantes. La ley federal de EE. UU. y la mayoría de los estados permiten a un participante grabar una conversación de la que forma parte, pero alrededor de una docena de estados exigen el consentimiento de todos, y en la UE grabar una reunión de trabajo es un tratamiento de datos que obliga a informar antes a las personas. Alemania castiga como delito grabar en secreto una conversación no pública. Avisar a todos al principio es el único hábito seguro en cualquier parte.
Las listas varían un poco, pero California, Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Montana, Nuevo Hampshire, Pensilvania y Washington aparecen en todas. Connecticut, Delaware y Nevada suelen añadirse con matices, y Oregón exige el consentimiento de todos solo en las conversaciones en persona. Cuando en una llamada participa alguien de uno de estos estados, cuente con la regla más estricta.
No necesariamente consentimiento en el sentido estricto del GDPR: una organización puede apoyarse en otra base jurídica, como el interés legítimo. Pero el GDPR sí obliga a informar a las personas, antes de que empiece la grabación, de que se va a grabar, para qué y durante cuánto tiempo se conservará. No se aplica a una actividad exclusivamente personal o doméstica, y una reunión de trabajo no lo es.
El 13 de agosto de 2026 la jueza Eumi K. Lee (N.D. Cal.) permitió que siguieran adelante las pretensiones principales de In re Otter.AI Privacy Litigation, entre ellas las basadas en la Wiretap Act federal, la California Invasion of Privacy Act y la ley biométrica de Illinois. El tribunal consideró plausible que Otter sea un tercero que escucha la conversación, porque presuntamente conserva las grabaciones y las usa para entrenar sus propios modelos, en lugar de actuar solo como herramienta del anfitrión. Es una resolución sobre una moción de desestimación, no una sentencia definitiva.
No. Las reglas de consentimiento tratan de las personas grabadas, no del software. Un grabador local elimina el bot visible, así que anunciar la grabación pasa a ser tarea exclusivamente suya. Lo que sí puede cambiar es la cuestión del proveedor: una herramienta que conserva el audio y entrena con él añade un tercero a la conversación, mientras que una que procesa el audio y le devuelve el resultado no lo hace.